Durante los siglos que nos precedieron, la región que hoy ocupa San Miguel de Allende tenía abundancia de agua, surgida de manantiales. Ello atrajo desde tiempos inmemoriales a diversos grupos humanos que aprovecharon el agua, sobre todo para la producción de alimentos. Tras la invasión europea, los nuevos colonizadores tanto españoles como indígenas utilizaron esta riqueza hídrica para el desarrollo urbano, la agricultura, la ganadería y gradualmente, para la industria textil, entre otras.
Sin embargo, la misma dinámica colonizadora, continuada hasta ya entrado el siglo XX, fue mermando las fuentes de agua en toda la región, debido a la deforestación, el desmonte y el sobrepastoreo de amplias superficies. Ello derivó en una desertificación creciente del territorio, cuyo punto de inflexión ocurrió a mediados del pasado siglo, cuando las fuentes históricas comenzaron a agotarse y las nuevas tecnologías permitieron la perforación de pozos y la extracción del agua del subsuelo.
Esta súbita accesibilidad al acuífero detonó formas de agricultura y ganadería de carácter industrial, que en pocos años se extendieron por toda la región. La creciente demanda de agua para cultivos de riego intensivo y ganadería industrial en los últimos 50 años, han ido agotando los mantos acuíferos y demandando una mayor profundidad de la extracción hídrica, con pozos de hasta 400 metros de tiro. A esa profundidad, el agua se halla en contacto con minerales fósiles, de manera que el agua extraída, incluyendo el agua para consumo humano, contiene cantidades variables de fluoruro, arsénico y otros minerales, cuyos efectos son probadamente dañinos para la salud humana.
Todo este deterioro hídrico regional ha sido no sólo permitido, sino fomentado por las autoridades durante más de 50 años, provocando no sólo la contaminación fósil y superficial del agua, sino su acaparamiento en pocas manos, su mercantilización y su absurdo desperdicio. Resulta ya indispensable un cambio radical de políticas públicas, que reconozca finalmente al agua como derecho humano, y no más como una mercancía objeto de concesiones y transacciones.
César Arias de la Canal es de familia originaria de San Miguel de Allende, es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, estudioso y activista de los Derechos Humanos. Fue miembro de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional, organización en la cual participó durante varios años.
Fue profesor titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, así como de la Universidad Veracruzana, en el Puerto de Veracruz, donde también ejerció el periodismo. Es autor de libros y publicaciones sobre temas sociales y ambientales.
En San Miguel de Allende, actualmente es presidente del Jardín Botánico y Área Natural El Charco del Ingenio, proyecto que fundó junto con otros sanmiguelenses y residentes en 1990. Ha participado en la creación de diversos proyectos comunitarios, como el centro cultural El Sindicato. Su participación en varios organismos civiles se ha orientado a la defensa del patrimonio natural y cultural, y es miembro del grupo ciudadano Va Por San Miguel de Allende AC.