Ciudad de México. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento presentó el balance de los cuatro primeros foros estatales “Rumbo a la Construcción de una nueva ley general de aguas” en donde predominó la urgencia de crear un marco normativo contextualizado en cada región de México y la creación de una fiscalía del agua que dé seguimiento a derechos y obligaciones de usuarios.
En la reunión de esta instancia, su presidente, Feliciano Flores (Morena), reiteró la necesidad de una nueva ley general de aguas nacionales que garantice el derecho humano al vital líquido y en cuya elaboración participen todos los sectores involucrados.
A la fecha se han realizado cuatro foros de consulta en los estados de Quintana Roo, Tamaulipas, Chiapas y Querétaro. En el primer estado predominó la urgencia de crear un marco normativo contextualizado en cada región de México, que gestione, desde una visión de funcionamiento sistémico, las aguas superficiales y subterráneas, tomando a éstas como base del funcionamiento del agua, en el sistema de acuíferos kársticos de la península, base del equilibrio ecológico.
Mientras, en Reynosa, Tamaulipas, hubo especial referencia a la importancia de lograr el vínculo institucional entre producción de energía y uso sustentable del agua. Se expresó, además, la necesidad de revisar los usos en las concesiones para los distritos de riego.
Al sur del país, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sobresalió la necesidad de fortalecer los comités comunitarios de agua como mecanismos de gobernanza y participación ciudadana en la gestión del agua. Además, incrementar las acciones en saneamiento y conservación de ecosistemas hídricos.
Y por último en Querétaro, se manifestó la preocupación por el pago de elevados cobros en tarifas de derechos por el uso en municipios y comunidades, lo que impide el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. También se propuso la transversalidad en políticas para no duplicar funciones y programas; lograr la prevención en zonas de salvaguarda en el tema hídrico; se reconoció que existe un mal manejo y distribución; y que el acceso al agua no está concebido como un derecho humano.