Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló que la ley vigente del agua no responde a las necesidades actuales del país, pues se destinan enormes cantidades a la industria de la minería, al fracking, a las grandes empresas agrícolas, cerveceras, refresqueras y a las del agua embotellada.
Durante un foro para buscar alternativas a la presa El Zapotillo en Jalisco, dijo que no se puede olvidar el uso democrático del agua, por lo que ahora la política ambiental del gobierno va dirigida a ello. Consideró que la ley general de Aguas, cuya aprobacion se prevé para 2020, debe considerar esos aspectos y anunció que la Semarnat participará en su discusión.
La domesticación de la naturaleza obliga a organizarnos, a tomar decisiones democráticas y a generar nuevas formas de gobernanza, señaló al comienzo de las Jornadas hacia una gestión integral del agua en Jalisco, Guanajuato y México: alternativas para el abasto en sustitución de la presa El Zapotillo.
Alternativas de abasto
Entre las opciones alternas a la presa están la extracción de agua por un sistema integral de pozos; instaurar como política pública sistemas de captación de agua de lluvia, y la reparación de fugas y redes de distribución del agua en la zonas metropolitanas de Guadalajara y León.
La Semarnat informó que con este ejercicio de participación ciudadana busca fortalecer la política hídrica en México mediante el conocimiento de extracción del agua a través de sistemas integrales de pozos a cargo de especialistas internacionales e hidrogeólogos miembros de American Ground Water Trust y aplicar las mejores prácticas que permitan remplazar el proyecto de la presa El Zapotillo.
Informó que el foro se realizó para demostrar la viabilidad social, ambiental y económica de alternativas para el abasto del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, León y los Altos de Jalisco.
La presa El Zapotillo se licitó en 2005 sobre el río Verde y ganaron las empresa española Fomento de Construcciones y Contratos así como las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes; en 2011 la española Abengoa ganó licitación para la construcción y operación del acueducto que llevaría el agua de la presa a León. Además hay un fallo judicial que ordena dejar la cortina en 80 metros, mientras los gobiernos de Jalisco y Guanajuato buscan que se amplíe a 105 metros, con lo cual se inundarían los pueblos.