Por primera vez en la historia, la crisis ecológica de escala global, cuya expresión suprema es el cambio climático, pone a todos los integrantes de la especie humana ante un desafío descomunal: detener la crisis climática o correr el riesgo de enfrentar actos impredecibles o catastróficos. En este juego por la supervivencia de la especie, cada individuo, familia, colectivo, empresa, y finalmente cada Estado, asume una determinada posición y realiza acciones. Cada país se sitúa en dos posiciones ante la crisis climática: por un lado, como responsable o causante de ese fenómeno global y, por otro, como receptor o víctima de los efectos que surgen de ese mismo fenómeno. El cambio climático es un acto producto del devenir de la civilización moderna o industrial y del número de habitantes que conforman cada Estado-nación, por ello la crisis del clima es fundamentalmente un fenómeno provocado por las naciones más pobladas o industrializadas. Así, dos terceras partes (62.5 por ciento) de los gases que ocasionan el calentamiento del planeta provienen de sólo cinco entidades: China (26.8 por ciento), Estados Unidos (14.6 por ciento), Europa (9.6 por ciento), India (6.6 por ciento) y Rusia (5 por ciento). México ocupa el lugar 13 porque genera sólo 1.68 por ciento del total de gases de efecto invernadero.
Concomitantemente, cada nación presenta diferentes grados de vulnerabilidad a los cambios del clima, de acuerdo con su posición y configuración geográficas, los contextos climáticos y meteorológicos y su capacidad para reaccionar a los actos catastróficos. Por ello los países más pobres (África), las islas y las naciones con densas poblaciones costeras (como Holanda o Brasil) resultan más desprotegidas. México es uno de los países más vulnerables porque su territorio sufre ya el impacto de más y más poderosos huracanes, severas sequías (2011-2012), incendios forestales (1997-1998 y otros) y aumento de temperaturas que afectan cultivos claves –café, maíz, frijol–, además de las concentraciones urbanas a nivel del mar.
En sentido estricto, es decir, asumiendo una lógica de justicia ambiental o climática, los países que causan mayormente la crisis del clima deberían ser los que realicen los mayores esfuerzos para su mitigación y aquellos que menos contaminan y que son más vulnerables deberían recibir un trato preferencial. Esto no sólo no es así, sino que tras 25 años de cumbres climáticas hoy las grandes potencias industriales, económicas, demográficas y militares imponen su voluntad y sus intereses por sobre el resto de las naciones. El máximo avance logrado en más de dos décadas ha sido el acuerdo firmado en 2015 en París, y por el cual 196 naciones se comprometieron a reconocer la crisis climática global y a realizar de manera voluntaria, nunca obligatoria, acciones para su abatimiento. Para complicarlo aún más, al menos tres países niegan la existencia del fenómeno –Estados Unidos, Brasil y Australia– y otros mantienen posiciones ambiguas o contradictorias (China e India). Únicamente la Unión Europea asume decisiones sensatas. De ahí las protestas masivas como la lograda por la joven activista sueca Greta Thunberg y más de 7 millones de ciudadanos que tomaron las calles de 140 ciudades del mundo en el otoño pasado, y la gran decepción por los nulos avances en la COP25, en Madrid.
Es este el contexto en que debe formularse la pregunta: ¿cuál debería ser la política del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) frente al cambio climático?
La pregunta es de enorme trascendencia, porque como hemos señalado repetidamente la crisis ecológica (inseparable de la social) es, esencialmente, una crisis de la civilización industrial y ello supone cambios profundos en todos los ámbitos. La transición energética de fuentes fósiles (petróleo, gas, carbón y uranio) a fuentes solares (hidrolectricidad, biomasa, viento, geotermia, sol, etcétera), que es obligatoria para superar la crisis climática, adquiere particularidades en el caso de México. El arribo de un gobierno antineoliberal ha supuesto la recuperación de la soberanía energética en su modalidad mineral, pues los gobiernos anteriores activaron un proceso de privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que había que desmontar y remontar. La enorme dependencia del país de la importación de gasolinas y gas, lo vuelven altamente vulnerable. Por ello se ha dado prioridad a la recuperación y reactivación del último tramo con energías minerales bajo control estatal.
Como contraparte, el país dispone de suficientes conocimientos científicos y tecnológicos para llevar a cabo la transición energética, de instituciones públicas y académicas encabezadas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Comisión Intersecretarial sobre el Cambio Climático, y de instrumentos como el Atlas de vulnerabilidad (a escala municipal). En una próxima entrega revisaremos las diferentes rutas que existen contra el cambio climático y la estrategia que debe adoptar un verdadero gobierno de izquierda ante esta emergencia, atendiendo por igual la emancipación social y la soberanía de la nación, y teniendo en cuenta el enorme potencial de México en cuanto a irradiación solar y a recursos claves como el litio.