El balance de los “logros ambientales” del sexenio de Enrique Peña Nieto, que hace algunos días presentó Rafael Pacchiano, no puede sino generar perplejidad y alarma a quienes nos ocupamos y preocupamos por el futuro ambiental de México.
En el periodo 2012-2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de miembros del Partido Verde Ecologista de México, perdió las capacidades la incidencia y los recursos propios de una secretaría, que de por sí desde la administración anterior había tenido importancia secundaria.
Sorprende que Rafael Pacchiano presuma una gestión exitosa cuando el deterioro de los manglares, los suelos y las cuencas se profundizó constantemente durante su gestión y la de su antecesor, Juan José Guerra Abud.
Sorprende su “balance de sexenio”, cuando la contaminación, la sobreexplotación de las pesquerías y el cambio de uso del suelo alcanzan niveles que amenazan la permanencia de numerosos ecosistemas y comprometen el acceso a recursos fundamentales como el agua y la alimentación de calidad para millones de mexicanos (Agenda Ambiental 2018) y cuando hay numerosos conflictos ambientales distribuidos en todo el territorio nacional, debido a que los derechos de las comunidades y la conservación del patrimonio natural han sido subordinados al interés privado, con mayor énfasis en esta administración que concluye.
Durante la administración, que en los dichos de Pacchiano ha sido la “más ambientalista”, se impusieron a lo largo y ancho del país “mega-proyectos” (minas de cielo abierto, concesiones para la fractura hidráulica para extracción de gas lutitas y plantaciones agro-industriales) de grandes e irreversibles impactos ambientales, que enfrentan crecientes resistencias y conflictos (1).
Si bien la aprobación y gestión de estos proyectos es responsabilidad de las secretarías de Economía, Agricultura y Energía, la actitud de la Semarnat ante la destrucción ambiental y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas ha sido omisa y complaciente. Basta recordar las implicaciones ecológicas y a la salud pública ocasionadas por el derrame de Minera México en los ríos Bacanuchi y Sonora, ante los cuales la empresa fue prácticamente absuelta y la población afectada desatendida por las autoridades responsables, entre ellas las de Semarnat. Nada que presumir.
Cierto que, durante el gobierno de Peña, “se triplicó la superficie declarada como Área Natural Protegida”, que a la fecha llega a 91 millones de hectáreas, 21 millones de las cuales corresponden a 114 ANP terrestres (2). Sin embargo, en 63 de estas áreas no solo se han otorgado concesiones mineras, sino que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas durante la gestión de Pacchiano ha promovido planes de manejo de estas áreas, los cuales las consideran áreas dedicadas a la minería. En algunas áreas como: Rayón, en Michoacán; Sierra La Mojonera, en San Luis Potosí; El Chico y los Mármoles, más del 50% de la superficie de las áreas supuestamente protegidas coincide con concesiones mineras. Es importante tener en cuenta que la tecnología minera prevalente en México es la llamada “minería de tajo abierto”, que ocasiona un gran impacto ambiental (Agenda Ambiental 2018).
Cuando Pacchiano declara que el sector forestal “va por buen camino” olvida referirse al cambio masivo de bosques por plantaciones de aguacate que en veinte años han arrasado una tercera parte de la superficie forestal de la Meseta Purépecha en Michoacán o a la rápida sustitución de la selva tropical chiapaneca por palma africana en la región de Marquéz de Comillas. El discurso del secretario también pasa por alto el hecho de que 35% de la superficie de bosques y selvas mexicanos ha sido concesionado a empresas mineras, incluyendo regiones que pertenecen y son manejadas por ejidos y comunidades.
La nueva Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, que Pacchiano presume como logro propio, fue en gran medida resultado de la oposición de comunidades y organizaciones forestales a la propuesta inicialmente presentada por el Partido Verde. Esta ley reivindica la necesidad de atención prioritaria por parte de la política pública al manejo forestal comunitario en el país, que, a pesar de ser reconocido internacionalmente por sus logros ambientales y sociales, fue sistemáticamente obstaculizado por la Semarnat y abandonado por la Conafor durante la administración federal que concluye. Pacchiano no incluye en sus cuentas el estancamiento del volumen de producción forestal, la reducción de la superficie bajo manejo y del número de empleos.
Por último, su optimismo frente a los supuestos logros de la Profepa en el combate a la tala ilegal, hacen de lado el fuerte incremento de las extracciones ilegales, cuyo volumen se estima alcanza -al menos- el 60% de la madera que se extrae en México (Agenda Ambiental 2018).
En su balance, el secretario Pacchiano también omite la referencia al tema fundamental del agua, al incumplimiento del mandato constitucional de legislar el derecho humano al agua, al rezago de la cobertura de suministro de agua y de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales; a la ausencia de manejo de cuencas y a la sobrexplotación de un número creciente de acuíferos y al abusivo uso y contaminación de las aguas nacionales que se lleva a cabo en la minería y la fractura hidráulica a costa del uso humano y de los propios ecosistemas.
También en la dimensión ambiental la administración que concluye toleró y favoreció un uso dispendioso de los recursos públicos, en este caso los recursos naturales, a costa del bien común, a costa de las necesidades básicas de los grupos más vulnerables y de la propia base de la vida: los ecosistemas que sostienen a las sociedades y sus actividades productivas.
Vientos de cambio también para el medio ambiente
El cambio político que vive el país constituye una importantísima oportunidad para una consideración responsable de los problemas ambientales que hagan posible un futuro con calidad ambiental.
El compromiso con el futuro de México requiere un ejercicio político transectorial de largo plazo, basado en perspectivas que no reduzcan lo ambiental al manejo de islotes de conservación en territorios devastados por actividades productivas de altos impactos ambientales.
Una política ambiental que incluya en su ámbito el control del uso desmedido de agro-tóxicos prohibidos en otros países, la eutroficación y contaminación de los cuerpos de agua, la sobre-explotación de las pesquerías hoy cercanas al colapso y el impulso del cambio de la matriz energética hoy anclada al uso de hidrocarburos.
La política del cambio debe ir más allá de la visión de los temas ambientales como accesorios, requiere basarse en el reconocimiento de su gravedad, de la necesidad de su atención, considerando la sustentabilidad de las actividades productivas y la gestión urbana.
Las experiencias internacional y nacional muestran la necesidad de una participación social basada en la descentralización de capacidades hacia las sociedades y gobiernos regionales y locales y la importancia de la profesionalización del servicio público para avanzar en la construcción de sociedades realmente sustentables.
- Hay a la fechan 25 mil 716 títulos de concesiones mineras vigentes sobre 22.1 millones de hectáreas, lo que equivale a un 11.3% del territorio nacional.
- En 2018 México cuenta con 182 ANPs con una superficie conjunta de 91 millones de hectáreas, 70 millones corresponden a 68 ANPs marinas y 21 millones a 114 ANPs terrestres.