Para cumplir con el derecho humano al agua que establece la Constitución, se requiere garantizar su distribución equitativa y prioritaria a toda la población, antes de poner el líquido a disposición de usos industriales o suntuarios, plantea la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas que impulsa la Coordinadora Agua para Todos.
En ella advierte que en la actualidad las leyes permiten que los gobernadores, a través de sus comisiones estatales, dediquen recursos a grandes obras hidráulicas y firmen arreglos para privatizar los sistemas municipales de agua.
En el documento menciona que entre los proyectos a los que se han destinado recursos están el Túnel Canal General en Valle de Chalco, con 3 mil millones de pesos, así como plantas de tratamiento inoperables, trasvases construidos en violación de los derechos de los pueblos como el Acueducto Independencia en Sonora.
Detalla que a nivel local el presidente municipal nombra al director del organismo a cargo de servicios de agua y saneamiento junto con todos los integrantes del consejo administrativo. Los recursos del organismo terminan financiando campañas electorales, y el acceso al agua sirve para influenciar el voto. Los dictámenes de factibilidad para nuevos servicios hidráulicos son otorgados según criterios que poco tienen que ver con la disponibilidad de agua.
Plantea que la resolución de las crisis del agua tiene que ver con la construcción de instancias participativas –que involucren a los ciudadanos– en los planes y las recomendaciones requeridos para lograr la transición hacia el acceso equitativo y sustentable al líquido, en un contexto de respeto por los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Propone un plan municipal para el acceso equitativo y sustentable al agua y saneamiento para guiar el proceso de cumplimiento progresivo de este derecho humano. Indica que ese plan se impulsará entre los sistemas comunitarios y su ejecución será obligatoria. La iniciativa busca sentar las bases para la construcción de una nueva institucionalidad centrada en la planeación y el consenso con la ciudadanía.
