Las autoridades federales de agricultura, medio ambiente y salud han aceptado la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre plaguicidas de alta peligrosidad. Lo que debe llevar al cumplimiento pleno de sus recomendaciones y a un cambio de rumbo de la política neoliberal seguida sobre estos agrotóxicos en los pasados sexenios.
La recomendación de la CNDH examina los escritos de 43 personas por actos y omisiones en perjuicio de la población; analiza la evidencia aportada por expertos en el tema, tanto del ámbito académico, como de organismos no gubernamentales, y la información enviada durante la investigación por las autoridades competentes. Concluye que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar la biodiversidad y dañar el medio ambiente. Lo cual constituye una violación a los derechos humanos, porque las autoridades responsables no han actuado con la debida diligencia. El derecho humano a la salud y a una alimentación adecuada se vulnera al permitir la autorización y el uso de plaguicidas que pueden provocar cáncer, malformaciones congénitas, efectos reproductivos adversos y alteraciones hormonales. Además de que también se violan el derecho a un ambiente sano, al acceso a agua salubre y a la información.
En su informe sobre el tema que se considera en esta recomendación (A/HRC/34/48), la violación a un conjunto de derechos humanos por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad la han señalado a escala global la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver, y el relator sobre las sustancias tóxicas y residuos peligrosos Baskut Tuncak. Para definir los criterios técnicos de los plaguicidas altamente peligrosos, la CNDH indica que es importante tomar en cuenta los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, y los de la Red Internacional de Plaguicidas o PAN internacional.
Desde finales de 2017 miembros de esta red en México, junto con universidades y organismos no gubernamentales, dieron a conocer un informe en el que se enlistan los 183 plaguicidas de alta peligrosidad que se autorizan en México, y los 140 que, incluso prohibidos en otros países, están autorizados en nuestro país. En los criterios propuestos por PAN Internacional se propone incluir la alta toxicidad para las abejas, lo que, dadas las protestas crecientes de comunidades campesinas y productores apícolas por fumigaciones con plaguicidas es importante, al causar la muerte de las abejas, polinizadoras vitales para la producción de miel y agrícola.
Para identificar e investigar los efectos adversos de los plaguicidas altamente peligrosos en suelo y en agua superficial y subterránea, la CNDH recomienda la creación de un comité especializado de expertos de instituciones académicas y la sociedad civil. Recomienda también a las autoridades competentes elaborar un plan estratégico conjunto; establecer un programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas en vegetales; determinar los límites máximos de residuos en alimentos, e introducir el término de plaguicidas altamente peligrosos en la normativa legal. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le recomienda impulsar la firma del Convenio 184 de la OIT sobre la seguridad y la salud. Recomienda además a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que en un plazo de seis meses se identifique y promueva la revocación de los permisos de plaguicidas vigentes que estén prohibidos conforme a tratados internacionales, como el de Estocolmo y el de Rotterdam. Para que en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, y en los programas sectoriales de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud, así como en los de organismos como la Cofepris y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se establezcan objetivos, metas, estrategias y prioridades para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas, como una forma de alcanzar la mayor protección de los derechos humanos, reducir al mínimo los riesgos a la salud y al ambiente, y aplicar el principio precautorio, es muy importante que se cumpla esta recomendación.
Además de un cambio en la regulación de los plaguicidas de alta peligrosidad, se necesita una política que apoye las alternativas agroecológicas de control de plagas y enfermedades, articulando la experiencia exitosa de los institutos de investigación agrícola del país con la de las organizaciones de productores campesinos e indígenas, mismas que han logrado no sólo reducir agrotóxicos, sino incluso producir en forma orgánica. La Cuarta Transformación pasa por el respeto a producir y consumir elementos libres de agrotóxicos.